miércoles, 27 de noviembre de 2013

Esta semana abordaremos el concepto de la transparencia en el ámbito jurídico.

La transparencia es un concepto que surge a finales del siglo XX principios del XXI, y que se configura actualmente como uno de los pilares básicos que deben cimentar las democracias actuales. Esta idea tiene como principal objetivo fomentar la confianza y participación de actores políticos y sociales.

En este sentido, el ordenamiento jurídico español contiene una breve referencia a la transparencia, aunque remite a un posterior desarrollo legal, en el artículo 105 apartado b de la Constitución Española, que dice lo siguiente:

"La ley regulará: 
b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas"

En la actualidad, el Gobierno de España está tratando de llevar a cabo la creación de una ley de transparencia, conocida como "Proyecto de ley de transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno", que no goza el apoyo de la totalidad de las Cortes Generales y de la que hablaremos en entradas posteriores.

Este es un proyecto muy necesario debido al "currículum" de España en lo que a corrupción se refiere, puesto de manifiesto en diversos casos que han salido a la luz actualmente y en encuestas realizadas entre la población, que nos sitúan en un puesto que no se corresponde con un sistema democrático consolidado. En concreto, España se sitúa en la trigésima posición.

1 comentario:

  1. En nuestra opinión esta ley de transparencia debería haberse regulado hace mucho tiempo y no en la actualidad, ya que la propia constitución ya la regulaba. Además, esta ley necesita del apoyo de todos los grupos políticos y que no sea una imposición del grupo mayoritario en el congreso. Sin contar que muchos de los casos de corrupción que hoy en día están saliendo a la luz no se hubiesen producido si España contase con una correcta regulación de la transparencia, donde la ley previese que la financiación de los partidos políticos sea pública y que la administración proporcione toda aquella documentación que los ciudadanos necesiten.

    Equipo A

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