Esta semana abordaremos el concepto de la transparencia en el ámbito jurídico.
La transparencia es un concepto que surge a finales del siglo XX principios del XXI, y que se configura actualmente como uno de los pilares básicos que deben cimentar las democracias actuales. Esta idea tiene como principal objetivo fomentar la confianza y participación de actores políticos y sociales.
En este sentido, el ordenamiento jurídico español contiene una breve referencia a la transparencia, aunque remite a un posterior desarrollo legal, en el artículo 105 apartado b de la Constitución Española, que dice lo siguiente:
"La ley regulará:
b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas"
En la actualidad, el Gobierno de España está tratando de llevar a cabo la creación de una ley de transparencia, conocida como "Proyecto de ley de transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno", que no goza el apoyo de la totalidad de las Cortes Generales y de la que hablaremos en entradas posteriores.
Este es un proyecto muy necesario debido al "currículum" de España en lo que a corrupción se refiere, puesto de manifiesto en diversos casos que han salido a la luz actualmente y en encuestas realizadas entre la población, que nos sitúan en un puesto que no se corresponde con un sistema democrático consolidado. En concreto, España se sitúa en la trigésima posición.
En nuestra opinión esta ley de transparencia debería haberse regulado hace mucho tiempo y no en la actualidad, ya que la propia constitución ya la regulaba. Además, esta ley necesita del apoyo de todos los grupos políticos y que no sea una imposición del grupo mayoritario en el congreso. Sin contar que muchos de los casos de corrupción que hoy en día están saliendo a la luz no se hubiesen producido si España contase con una correcta regulación de la transparencia, donde la ley previese que la financiación de los partidos políticos sea pública y que la administración proporcione toda aquella documentación que los ciudadanos necesiten.
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